Declaración Por la aprobación del Proyecto de “Ley de Protección Integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”


Recordando que el Estado paraguayo ha reconocido la igualdad entre hombres y mujeres (art. 46, 47 y 48) y la necesidad de promover políticas que pongan fin a la violencia en el ámbito de la familia en la Constitución Nacional (art. 60), y tratados internacionales ratificados por el Congreso Nacional como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW (Ley 1215/86) y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belém do Pará (Ley 605/95);

Reconociendo que tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, conforme datos de nuestras instituciones, la persona que mayor violencia sufre son las mujeres y sus dependientes;

Preocupados y alarmados por los altos índices de violencia física, sexual, sicológica y femicida en contra de mujeres y niñas, y la invisibilización aún de otros tipos de violencia como la laboral, económica, mediática, institucional, política y otras, que perpetúan la violencia y la hacen endémica en nuestra sociedad;

Observando que a pesar de las medidas legislativas adoptadas han sido un importante instrumento para combatir este flagelo humano, las mismas no han sido suficientes para visibilizar y combatir todas las formas de violencia que sufren las mujeres en la sociedad dada por históricas relaciones de poder y discriminación en contra de las mismas;

Conscientes de que un paso importante en la eliminación de la violencia contra las mujeres es la adopción de medidas públicas integrales, que hagan frente desde diferentes escenarios a las manifestaciones de violencia y su naturalización;

Convencidos de que el Estado paraguayo necesita una ley integral contra la violencia que establezca niveles de coordinación institucional, amplíe las medidas de protección, cree nuevas estrategias jurídicas y políticas, defina y establezca sanciones a formas de violencia invisibilizadas cultural y socialmente, y formule de manera clara los derechos de las mujeres víctimas de violencia y los principios que han de aplicarse para lograr la eliminación de la violencia en todas sus formas;

Comprometidos con la comunidad nacional e internacional para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en nuestra sociedad, la Mesa Interinstitucional integrada por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Defensa Pública, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, el Poder Judicial, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría Técnica de Planificación, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quienes trabajan coordinadamente para la prevención, atención, seguimiento de casos y protección a mujeres en situación de violencia:

Declara:

Instar al Poder Legislativo y en especial a la Cámara de Diputados a estudiar y aprobar el Proyecto de Ley “Ley de Protección Integral a las mujeres, contra toda forma de violencia” en estudio desde marzo de 2015, manteniendo su redacción original en su esencia, la cual ha sido ampliamente estudiada y trabajada por diferentes sectores públicos y privados, y en especial instamos al Poder Legislativo a:

-Erradicar de la legislación cualquier tipo de medida conciliatoria ante actos de violencia, ya que las mismas causan revictimización, anulan la acción del Estado y perpetúan los actos de violencia pudiendo ocasionar incluso la muerte de la víctima.

-Establecer en la Ley integral sanciones penales y administrativas para castigar y reparar las diferentes formas de violencia ejercidas en contra de una mujer.

-Garantizar partidas presupuestarias para las instituciones públicas responsables del cumplimiento de la Ley para el desarrollo de acciones de prevención, atención, abordaje y sanción de la violencia.

-Adoptar otras medidas que sean necesarias para el cumplimiento efectivo de los fines constitucionales y legales, garantizando la igualdad en el acceso a la justicia y el Estado de derecho para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer.

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